Por Carmen Garay
Los sistemas sociales, desde una asociación civil hasta una gran nación, conllevan un alto grado de complejidad en su organización y funcionamiento, por el simple hecho de estar constituidos por relaciones entre personas con distinto carácter, aspiraciones y cualidades, aun cuando comparten una finalidad constante: la permanencia del sistema en sí mismo.
El teórico alemán Niklas Luhmann explicaba que esa capacidad del sistema social (sociedad) para auto conservarse y auto adaptarse, es gracias a que es capaz de realizar distinciones internas -instituciones- y la lectura constante del ambiente, es decir, del contexto en el cual el se desenvuelve su cotidiana existencia. La adaptabilidad de la sociedad, su movilidad y transformación, se realiza mediante su vida institucional, previamente consensuada y formalizada en su cuerpo de leyes.
Las instituciones, no se mandan al diablo, sino que se mejoran y adaptan; aquí es pieza clave la información que circula dentro de la sociedad por diferentes medios, algunos tradicionales y bien conocidos como la prensa, radio y tv, y algunos que van emergiendo como manifiestos populares y hasta las paredes que se pintan con consignas pero evidentemente, estas últimas al igual que las expresiones de Facebook y otras plataformas socio digitales, no son de igual naturaleza que aquellas que realiza el pueblo a través de sus representantes políticos constituidos como poder legislativo.
Por ejemplo, en México existe una Ley Federal de Consulta Popular, promulgada en 2014, y que es reglamentaria del artículo 35 constitucional relativo a la forma en que pueden comunicarse sociedad y gobierno para realizar algún proyecto específico, o dejar de realizarlo -caso Nuevo Aeropuerto In-ternacional de la Ciudad de México (NAICM)- sobre todo si resulta inviable el peregrinar legislativo porque no olvidemos que los legisladores son nuestros interlocutores debidamente establecidos.
En la lógica de sistemas sociales, la voz del pueblo es diferente de la voz del gobierno, sin perder de vista que la administración pública emana de la misma sociedad y, a última instancia, la representa. La representatividad es un concepto del que poco se analiza, pero los acontecimientos recientes en el país, debieran hacernos preguntar, mínimamente, ¿quién dice las cosas? ¿Es legítimo y, además, es legal su proceder? El ejercicio reciente de recabar opiniones de varios miles de ciudadanos sobre continuar o no una obra de infraestructura es un claro ejemplo de cuánta información necesita nuestro sistema social para distinguir y, en consecuencia, reaccionar adecuadamente, pero así no se hace porque, para empezar, lo organizó un solo actor social, el partido político, Morena. La ley establece condiciones.
La llamada consulta popular sobre el NAICM, no se realizó con base en la legalidad, ni es representativa, mucho menos reúne condiciones de ser vinculante, es decir, que su resultado se relacione directamente con lo que decida hacer el gobernante. Incumplió además criterios básicos de orden metodológico y, a todo esto, la pregunta es ¿por qué generar esta polémica con la falacia de que es la voz del pueblo que se hizo escuchar? Debemos platicar mucho al respecto: les invito la próxima semana a la V Jornada de Derechos Humanos 2018 Participación Ciudadana y una Nueva Era, detalles en la página oficial www.jornadadh.org.
