En su calidad de tutoras, cuatro madres de familia acudieron ayer a la sede del Poder Judicial y solicitaron un nuevo amparo colectivo contra la virtual desaparición del programa, lo cual, alegaron, afecta los derechos y la seguridad de sus hijos. También exigieron la protección federal contra las nuevas reglas de operación del programa que, recalcan, son completamente diferentes a las originales, y que inclusive se le cambió el nombre.
Este es el segundo recurso que promueven en grupo, apoyado por la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. En amena charla, la legisladora comentó a Punto Medio que también se pidió amparo por la desaparición del programa en municipios como Mérida, Yaxkukul y Tixkokob.
—En cuanto al primer recurso, que presentamos ante el Juzgado Primero de Distrito, el jueves nos notificaron que se nos concedió la suspensión provisional al amparo solicitado el 25 de febrero por las responsables de las guarderías, debido a que la Secretaría del Bienestar no ha publicado las nuevas reglas de operación. Este es un gran logro, un gran avance —comentó la legisladora federal, quien recordó que esto ya ocurrió también en Chihuahua y Nuevo León.
Esto trajo como consecuencia que el Gobierno federal no pueda hasta el momento hacer uso de los recursos y pagar de manera directa a los padres de familia para que a su vez cubran el monto del servicio con la guardería que elijan. Ahora se está a la espera de saber que sucederá con el pago del subsidio que se debió entregar a las responsables de las estancias, el correspondiente a los meses de enero y febrero en los que, de acuerdo a la legisladora, no se les notificó debidamente de que no se les cubriría el apoyo, y siguieron trabajando y gastando hasta el 28 de febrero cuando salieron las reglas de operación, y por lo tanto se exigirá su pago. Deben ser retribuidas por un servicio que prestaron.
En cuanto a la desaparición del programa en Mérida para dar prioridad a la atención a comunidades de alta marginación y de población predominantemente indígena la legisladora dijo que no están en contra de esta disposición, pero que no se resuelve el problema para los padres que requieren de dejar a sus hijos con gente preparada y que les garantice su seguridad.
Por último, la diputada federal, pidió que de aparecer casos de corrupción se finquen responsabilidades y que se meta a la cárcel a quien lo merezca.
—No hay que generalizar, ni satanizar el programa que es de gran utilidad, tanto para las niñas y los niños, para los padres que trabajan y para dar trabajo a miles de mujeres que atienden las estancias —puntualizó.
Texto: Manuel Pool Moguel
Fotos: Manuel Pool / Cortesía
