Por María de la Lama
Es interesante la discusión sobre las transacciones repugnantes, o mercados indignantes. Renata Millet escribió al respecto el martes en este medio. Analizó diversas posturas en el debate acerca de la renta de vientres, que es cuando una mujer acepta embarazarse a cambio de dinero, para una persona o una pareja que quiere un hijo pero no puede (o no quiere) embarazarse. Lo controversial de esta práctica es análogo a lo controversial de transacciones como la prostitución o la venta de órganos. Por un lado, para muchos resulta repugnante o indignante introducir al mercado bienes y servicios como relaciones sexuales, órganos y embarazos. Pero, por el otro lado, otros señalan que no permitir estas transacciones es una postura paternalista. En cualquier caso, los argumentos relevantes son problemáticos.
El argumento principal a favor de legalizar estas prácticas apela a la libertad de los sujetos involucrados en el intercambio. Mientras esta transacción sea libre, voluntaria, exenta de coerciones o engaños, entonces ¿con qué autoridad puede el Estado decirle al que quiere prostituirse o rentar su vientre que no puede hacerlo? Mientras los ciudadanos no afectemos a nadie más que a nosotros mismos, el Estado debe respetar nuestros códigos éticos y no tiene derecho decirnos lo que podemos o no hacer con nuestro cuerpo.
Una primera objeción a este argumento responde a la tragedia de la pobreza. La gente que más probablemente participará como proveedores en estos mercados será gente en situaciones radicales de pobreza, que se ven obligados por sus circunstancias. Los que sostienen este argumento dicen, o a veces solo insinúan, que no se puede ser libre cuando se tiene tan pocas opciones. Cuando las opciones son “o rentar tu vientre, o no alimentar a tu familia”, no importa la decisión que tomes, ésta no será realmente libre.
Es posible, aunque sumamente problemático, argumentar que la libertad existe solo en grados, y que las razones circunstanciales, la cantidad o gravedad de las opciones que tenemos, hacen más o menos libre una decisión. Sin embargo, esta postura tampoco soluciona el debate. El que defiende la legalidad de las transacciones repugnantes puede decir que lo que hace valiosa y digna de respeto a una decisión no es el que ésta sea absolutamente libre, sino el hecho de que las decisiones tomadas de forma consciente son las que más probablemente le convienen al sujeto que las toma. Es decir, nadie sabe mejor que yo lo que me conviene, así que, incluso si mi decisión de prostituirme no fuera “realmente libre”, el que yo prefiera tomar esta decisión a pesar de los costos, implica que considero que esta es la mejor decisión que puedo tomar.
El punto del argumento anterior es que legalizar los mercados repugnantes no reduce opciones; las amplía. Legalizarlos no es en ningún sentido impedir que alguien tome la decisión de no participar en éstos. Pero, si hay gente que prefiere participar en estos mercados que continuar con su pobreza actual, el quitarles esta opción es, como dice Renata, “precarizar aún más si situación”. Tal vez no somos libres cuando debemos escoger entre rentar el vientre, o no ir a la universidad. Pero, ¿somos más libres si solo tenemos la opción de no ir a la universidad? Lo ideal sería que como sociedad no permitiéramos la pobreza que lleva a la gente a tomar estas decisiones; pero, mientras esta pobreza exista, ¿tenemos derecho a reducir aún más las opciones de estas personas? ¿De obligarlas a participar en mercados negros, peligrosos, en donde son mucho más vulnerables que en un mercado legal y regulado?
Hay un último argumento en contra de legalizar transacciones repugnantes que me parece relevante. Es una objeción que le hace un académico de Oxford, Simon Rippond, al argumento principal a favor de legalizar mercados repugnantes (el que sostiene que darle más opciones a los más pobres es preferible a quitarles opciones). Rippond respeta el argumento de que las preferencias de los más pobres son las que deben ser tomadas en cuenta, y que prohibirles a opción a pesar de que la prefieran es profundamente paternalista. Sin embargo, señala que es posible que los más pobres prefieran que no sea legal vender sus órganos, a pesar de que, de ser legal, preferirían venderlos. Esta situación es posible: imaginemos a una mujer que no puede pagarse la universidad; si es legal la prostitución, tal vez recurra a ella. Pero tal vez prefiera no tener la opción, pues así no se sentirá culpable por nunca haber ido a la universidad: no tuvo opción.
Me descubro compartiendo la intuición que lleva a los oponentes de los mercados indignantes a tomar la postura que toman, y creo que este argumento da cuenta de esta intuición sin apelar a una idea problemática de libertad y sin poner valores abstractos por encima de las necesidades inmediatas y desgarradoras de los más pobres. Así que, hasta ahorita, este argumento es el que más me convence. Pero no sanja el tema: el que esta situación sea posible no significa que sea de hecho verdad. Es una hipótesis empírica, y así debe ser investigada.
