Muertos, desaparecidos y balaceras suelen ser los efectos más estremecedores de esos lastres sociales. Sin embargo, la segunda mayor economía de Latinoamérica también debe enfrentar a la delincuencia común, como robos, extorsiones y fraudes
Muertos, desaparecidos y balaceras suelen ser los efectos más estremecedores del crimen organizado en México.
Sin embargo, la segunda mayor economía de Latinoamérica, también debe enfrentar la delincuencia común, aquella que afecta la vida de las personas cuando las asaltan en la calle, en sus casas o en sus negocios.
Más de 25 millones de personas (cerca de un 20% de la población) fueron víctimas de un hecho delictivo en 2017, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México.
Y un 34% de las empresas asegura haber sufrido la misma suerte.
“Los altos niveles de delincuencia en México han generado grandes costos humanos y económicos”, dijo a BBC Mundo Christian Soborowski, economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, el costo directo de la delincuencia en empresas y hogares (incluyendo pérdidas financieras y el gasto en medidas preventivas) “aumentó a un pasmoso 2.5% del Producto Interno Bruto”, según calculó Soborowski.
Los delitos más comunes son el robo en la calle o en el transporte público, la extorsión y el fraude.
En estos cálculos, no están incluidos los delitos del crimen organizado como tráfico de drogas, armas y personas, homicidios o lavado de dinero.
Con base en cifras del Inegi, estos son los tres principales impactos de la delincuencia común en la economía mexicana:
1.- Impacto en el crecimiento de los negocios
Las microempresas son una piedra angular del desarrollo económico mexicano.
Más del 95% del total de firmas que existen en el país, son microempresas, es decir, negocios como panaderías o tiendas de propiedad familiar que no tienen más de 10 empleados.
Son ellas precisamente las que se encuentra más expuestas a una situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia.
Un quinto de las empresas redujo su horario de trabajo y un 13% canceló sus planes de expansión, de acuerdo con los datos de Inegi.
“Muchas de las empresas del país sienten que no les queda más alternativa”, comentó Soborowski.
2.- Pérdidas directas de empresas y gasto en prevención
Otro efecto económico de la delincuencia común tiene que ver con las pérdidas directas de las empresas.
Y junto a lo anterior, el gasto que deben hacer los comercios en medidas de seguridad.
Considerando ambos factores, el Inegi estima que estos costos representaron un 0.9% del PIB nacional en 2017.
3.- Pérdidas en hogares y gasto en prevención
Aún más pérdidas generó la delincuencia en los hogares.
Al mismo tiempo que ha aumentado la sensación de inseguridad de las personas que contestaron la encuesta, se incrementaron los costos para las familias. Tanto así, que representaron un 1.65% del PIB en 2017, una cifra superior al año anterior.
¿Qué pasa con el crimen organizado?
Otros estudios se concentran específicamente en el impacto económico de la violencia, incluyendo homicidios y las distintas ramas del crimen organizado.
Bajo esta perspectiva más amplia, la violencia le costó a México un 21% del PIB, según el Instituto para la Economía y Paz, una organización local independiente.
En la práctica, el costo promedio para cada mexicano fue de US$1,700 en 2017, más de cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador.
“El narcotráfico tiene un fuerte impacto en la economía de algunas regiones”, dijo Alberto Nájar, periodista de BBC Mundo en México.
“En algunos casos los carteles extorsionan a los empresarios y comerciantes, cobrándoles una cuota por permitirles trabajar”, explicó Nájar.
“En otros, se apoderan de toda la actividad productiva como sucedió en Michoacán con Los Caballeros Templarios, quienes se quedaron con ranchos productores de limón y aguacate”.
Y en zonas como Tamaulipas, la guerra entre los cárteles se libra en las calles.
“Los enfrentamientos se dan casi cada semana. Eso obliga a los comercios y las fábricas a cerrar”, agregó Nájar.
“En estos lugares la iniciativa privada asume el costo de la violencia que se traduce en guardaespaldas, autos blindados para los jefes y en muchos casos, destinar una cantidad mensual de dinero para pagar extorsiones”.
Según el Instituto para la Economía y Paz, en 2017 se disparó la tasa de homicidios con más de 29,000 víctimas.
Al mismo tiempo, hubo un “incremento sustancial” en la violencia con armas de fuego.
“No sólo está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común”, señaló la organización.
“Puede suponerse que muchos de sus miembros han recurrido a la actividad criminal común a medida que el riesgo de pertenecer a un cártel aumenta”.
Así, surge la pregunta sobre cómo lidiar con aquellos que dejan de trabajar para los cárteles y trasladan su experiencia a nuevas fuentes ilegales de financiamiento.
