Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump se aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus hijos sufrieron abuso sexual, físico o emocional mientras estaban bajo cuidado tutelar pagado con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press, algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento, revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares como indemnización. En los últimos años, más de 3 mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias, algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos, están representadas por organizaciones no gubernamentales y otros grupos, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
“Es la punta del iceberg”, dijo Erik Walsh, abogado de Arnold & Porter, que mantiene uno de los programas de asesoría legal gratuita más grandes del mundo.
La firma ha presentado hasta el momento 18 reclamos en nombre de nueve familias por un total de 54 millones de dólares y probablemente habrá decenas más, según Walsh.
El gobierno tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos mediante la FTCA desde el momento de su presentación. Después, los demandantes pueden iniciar un juicio al gobierno.
Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, señalados como acusados en los reclamos, no respondieron a las solicitudes de declaraciones.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de niños migrantes, dijo que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como a niños separados de sus familias bajo las medidas de tolerancia cero.
La oficina los alojó en casas tutelares, albergues residenciales y campos de detención en todo el país. En ciertos momentos llegó a colocar en un sólo día a 500 menores de edad, desde bebés hasta adolescentes. Las denuncias de abusos y ataques bajo cuidado tutelar generan nuevas interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para alojar a los más jóvenes con familias en lugar de refugios y centros de detención atestados.
Según los reclamos, un documento de una corte federal reciente y documentos del HHS difundidos por el Congreso meses atrás, los niños sufrieron traumas emocionales graves al ser objeto de ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida.
Seis de los reclamos son por niños que estuvieron en casas tutelares. Un documento presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió maltrato bajo cuidado tutelar.
En dos demandas se culpa al gobierno por muertes ilegales. Una de ellas, en la que se solicita una indemnización de 20 millones de dólares, fue incoada por la esposa de un padre hondureño que se suicidó en una celda con paredes acolchadas después de que los agentes le quitaron a su hijo de 3 años de sus brazos.
Janet Napolitano, que encabezó a Seguridad Nacional de 2009 a 2013, dijo recordar que se presentaron diversas reclamaciones por agravios contra la agencia mientras ella la encabezó, pero aclaró que era inusual separar a familias. El fracaso del gobierno de Donald Trump para reunificar rápidamente a las familias podría haber dejado expuesta a la agencia a ser demandada, agregó.
“Hay muchas probabilidades de que pudiera haber algo de vulnerabilidad aquí”, dijo Napolitano, que ahora es presidenta de la Universidad de California.
Texto y foto: El Universal
