El Comisionado Joel Salas Suárez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó al Consejo de la Judicatura a entregar el procedimiento disciplinario en contra de los Magistrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con residencia en el estado de Campeche.
Lo anterior, en desahogo a una solicitud de información de un particular, quien inconforme con la respuesta, tramitó su recurso de revisión, pues el sujeto obligado argumentaba que la información estaba reservada por dos años.
El Consejo respondió a través del Comité de Transparencia que se clasificó la información solicitada como reservada por afectación a los derechos del debido proceso. Asimismo, clasificó el nombre de los magistrados sancionados por ser considerada información confidencial porque al haber sido impugnada afectaría su honor e imagen pública.
Por su parte, Salas Suárez apuntó que “el agravio del particular resulta fundado, la clasificación declarada es improcedente debido a que la información solicitada se encuentra relacionada con actos de corrupción y el procedimiento disciplinario que presume ser afectado”; asimismo dio a conocer la resolución mediante la cual se impuso la sanción a los magistrados.
Agregó que con datos basados en lo que reporta la prensa, “entre 2013 y 2019, el Consejo de la Judicatura Federal realizó 211 investigaciones contra juzgadores, dentro de las cuales siete de cada 10 concluyeron en una sanción; 77 jueces y 71 magistrados de circuito fueron sancionados por presuntos actos de corrupción, acoso sexual, vínculos con la delincuencia organizada y abuso de poder, entre otros”.
El comisionado Salas Suárez finalizó sus argumentos demandando que además de la imposición de sanciones administrativas y penales a los servidores públicos del Poder Judicial, las cuales van más allá de los jueces y magistrados, debe agregarse el compromiso de satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos.
Texto y foto: El Universal
