LONDRES.-El Tribunal Superior británico dictó que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE sin convocar previamente una votación parlamentaria.
El juez jefe, John Thomas aclaró que la decisión “es una pura cuestión legal”.
El tribunal no valora ni expresa ninguna opinión sobre los méritos de abandonar la Unión Europea: esa es una cuestión política”, subrayó.
Tras conocer el dictamen, el ministro de Comercio Internacional y abanderado del “brexit” (salida del Reino Unido de la UE), Liam Fox, dijo que el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial británica, que se espera que se pronuncie antes de finales de año.
El Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal”, declaró Fox en la Cámara de los Comunes.
El país votó para salir de la Unión Europea, en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento, y el Gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum”, en el que casi un 52 % de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo, añadió. Gina Miller, una de las ciudadanas que planteó el caso ante el Tribunal Superior, saludó el dictamen y pidió al Ejecutivo que tome “la sabia decisión de no apelar”.–Excélsior
Los partidos Laborista, Liberal Demócrata y Verde, en la oposición, se congratularon por el veredicto, mientras que el líder en funciones del eurófobo UKIP, Nigel Farage, alertó de una posible “traición” de la voluntad popular.
T
emo que ahora se intentará todo para bloquear o retrasar la invocación del artículo 50. Si es así, (los diputados) no tienen ni idea del grado de indignación pública que provocarán”, manifestó en un comunicado.
A
l plantear su petición de revisión judicial, Miller, directora de un fondo de inversión, expresó su deseo de acabar con “un entorno legal” en el que el Gobierno “puede pasar por encima del Parlamento”.
El movimiento estudiantil exige la “liberación inmediata de todos los estudiantes detenidos y el cese a la persecución política a los dirigentes estudiantiles”, así como “la convocatoria a un proceso electoral nacional que dé pie a la constitución de un nuevo Gobierno”.
El antichavismo dio un plazo de 10 días al Gobierno para que muestre avances en sus exigencias o de lo contrario, afirman, reanudarán un proceso parlamentario para determinar responsabilidades políticas de Maduro “en la ruptura del hilo constitucional” en el país y marcharán hasta Miraflores.
