Armando Escalante
Periodista y analista político
La orden del presidente Manuel López fue tajante, cortante y directa. Nadie, absolutamente nadie, solo él, podrá disponer y decidir quiénes, cómo y cuándo se inyectan una dósis antiCOVID-19 china, rusa, alemana, o del país proveedor que sea.
Nadie me quita de la cabeza que la razón verdadera de prohibir que empresas privadas (sean hospitales, clínicas, laboratorios, aseguradoras y hasta grandes consorcios con miles de empleos) adquieran vacunas contra el coronavirus, es netamente de tinte político-electoral. Ni siquiera las autoridades de todo el país —gobernadores y alcaldes— pueden adquirirla para ponerla al alcance de sus ciudadanos, así sea gratuita y con cargo a su presupuesto. No se puede. Solo el peje.
Y es que el señor López sabe bien que si se pone en venta y si participa la iniciativa privada, en pocas horas lo podrían rebasar y superarlo en las metas y alcances y eso atenta contra su perversa intención —quiero suponer— de alargar la pandemia y mantener el temor entre la sociedad, en especial, a unos meses del proceso electoral. Está seguro que si menos gente se vacuna, menos electores irán a las urnas en el plebiscito que viene en junio próximo.
Sin duda sabe que ya no goza del respaldo de un gran sector, en especial de aquellas personas más enteradas e informadas a las que ha afectado con sus medidas radicales de austeridad y que por su condición de riesgo, podrían abstenerse de acudir a hacer una cola en alguna casilla. Se valdrá del temor a la pandemia para lograr una baja afluencia a las urnas. Eso lo podría hasta firmar.
Es lógico y válido que se controle el medicamento y hasta que el Ejército sea el que lo transporte, pero no se entiende por qué impedir que el sector privado libremente lo comercialice. Que se vacune con cargo al erario a los ricos, es sumamente injusto, en especial porque se supone que están más que racionalizados los productos. Quien pueda pagar la inyección cuanto antes, ahora no puede hacerlo. Se hará mediante un tortuoso reparto a cargo del Gobierno Federal y quizá —peor aún— usando a los siervos de la Nación.
Afectar las elecciones es la meta, perversa medida del señor López, a menos que veamos que el reparto no beneficia primero a sus masas cautivas. Si se reparten en los estados aún entre gobiernos opositores sería un gran logro, pero aún así habrá que ver a quién se escoge primero. Ojalá tengamos oportunidad en Yucatán de vacunar a todos por igual y no sean primero los beneficiarios de los padrones secretos del presidente. El llamado pueblo bueno y sabio.
No faltarán las mentes débiles ya conocidas que no crean a López ser capaz de esto y más siendo de las que votaron por él, su inocencia ya está más que probada. Son parte del problema y culpables del daño que se padece.
El xix.— No manden mensajes contradictorios: si salen a hacer una campaña sobre los recortes presupuestales que hace el gobierno federal, no se pueden —o no se deben— agendar eventos que impliquen lo opuesto. Si no hay fondos para cultura, no es válido cortar listones inaugurando museos. La gente no entiende el detalle fino de mezclas de recursos. Si nos cortaron fondos federales para deportes no deben anunciarse estadios. De nuevo no se comprende si es inversión privada. Y menos podemos presentar más patrullas, más cámaras, más semáforos, drones, etc., si salimos a decir que nos dejaron sin fondos de seguridad pública. Y no solo no hay que mandar mensajes contradictorios; tampoco temas manipulables. Después del 6 de junio de 2021 hagan lo que les dé la gana.
