Al reiterar que en los próximos días se inaugurarán las plantas eólicas ubicadas en Dzilam de Bravo y Tizimín, el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, confirmó que la construcción de ocho de los nueve proyectos hechos a nivel federal está detenida por un fallo de la Suprema Corte, tras la queja de los pueblos indígenas.
Fue en 2016 cuando se anunció que Yucatán sería uno de los estados beneficiados con el impulso de energías limpias con nueve plantas (cinco fotovoltaicas y cuatro eólicas), producto de una subasta a cargo de la Secretaría de Energía. Sin embargo, a tres años de tan importante noticia, ninguna está en operaciones.
Para algunos, como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández Martínez, el panorama no es muy claro, ya que durante una visita por la Ciudad de Mérida dijo que eran ocho y no nueve las programadas para esta entidad.
Lo que es cierto, en Yucatán habrá 18 plantas; nueve, producto de la subasta y nueve que son parte de una inversión privada. Del total, solo dos tienen avances y serán inauguradas. Una de cada tipo de inversión.
Algunos de los municipios donde se ubicarán son: Cansahcab, Dzilam de Bravo, Motul, Valladolid, Suma, Sinanché, Peto, Sucilá, Ticul, Yobaín, Tizimín, Progreso, Telchac Pueblo, Muna y Sacalum, y ocuparán cerca de nueve mil hectáreas del territorio estatal.
“Hay dos que están listas, la de Dzilam prácticamente está en pruebas. Necesitamos que terminen de instalación los amigos de la Comisión de Electricidad, y la otra está en Tizimín. Estos dos parques ya están completamente listos y serán inaugurados por el gobernador”, expuso Herrera Novelo.
El funcionario estatal reconoció que hay un atraso en el desarrollo de las demás plantas debido a un resolutivo de la Suprema Corte de la Nación, quien decidió detener la instalación hasta que no exista una consulta indígena en el área donde estarán ubicadas.
Justificó que esta normatividad es nueva, ya que no estaba contemplada en el catálogo de permisos y requisitos que exigían este tipo de inversión, “pero al ver la petición de varias comunidad, la Suprema Corte decidió que se debería realizar una consulta de este tipo”.
En esta consulta participa la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organizaciones sociales, quienes darán su apreciación al respecto.
“Creo que los derechos deben respetarse. Si nuestro máximo Tribunal está determinando que deben ser escuchados, que deben ser tomados en cuenta para este tipo decisiones, lo correcto es obedecer lo que dice la ley”, apuntó.
Texto: Jesús Gómez
Foto: Agencias
