El representante del Consejo Citrícola de Yucatán A. C., Lorenzo Alvarado, pide conocer sobre la presunta quiebra de la procesadora de Akil y si aún le pertenece a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur
El representante del Consejo Citrícola de Yucatán A. C., Lorenzo Alvarado, informó a este medio que solicita un esclarecimiento de la situación financiera, legal y patrimonial de la juguera de Akil, que actualmente se llama Arpen (Arturo Peniche), por las iniciales del particular, quien es legalmente propietario del predio donde está la maquinaria de la juguera.
Señaló que ya presentó un documento pasado 8 de octubre en las oficinas de gobierno del estado, mismo que fue recibido por Carmen Guadalupe González, subsecretaria de gobierno.
En el documento presentado dice textualmente que la actual directiva de la juguera de Akil, no ha querido informar de manera oficial y con la debida documentación, si la planta ya no es de los los campesinos que forman parte de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, el cual se constituyó legalmente en el año 1978 con el fin de apoyar la actividad citrícola.
Alvarado señaló que políticos y funcionarios del gobierno del estado de la pasada administración rolandista y que utilizaron la organización para apoyar a su partido político y desviaron los recursos para los citricultores y que supuestamente fueron usados para beneficio de las administraciones pasadas como los de la ex gobernadora Ivonne Ortega y Rolando Zapata. Eso dice parte del documento entregado.
El entrevistado responsabilizó a Miguel Canul López por la quiebra de la juguera. También él vendió el terreno donde está la fábrica de jugos a la Financiera Pequeña Australia por la cantidad de 3 millones de pesos.
Explicó que como Canul López le debe dinero a Arturo Peniche, éste adquirió los pagarés de la financiera citada convirtiéndose en dueño del terreno y por ende de la juguera.
Dijo que el Gobierno del Estado y Federal reestructuraron la juguera por lo que le dieron recursos y en el que se señala que Arturo Peniche será el propietario del terreno y será el responsable de la comercialización.
Los gobiernos a través de Sagarpa y Seder otorgaron recursos para la adquisición de maquinaria. Por ese motivo, la juguera cambió su nombre.
Reveló que Freddy Domínguez amenaza a ejidatarios del sur del estado de no asistir a las reuniones que organiza el Consejo Citrícola de Yucatán A. C.
Criticó que el anterior Gobierno del Estado, por medio de Felipe Cervera Hernández, Marco Vela y Pablo Castro Alcocer han sido los operadores políticos, quienes no han querido fincar responsabilidades penales en contra de Miguel Canul López y el Consejo de Administración que fungió en esos 6 años.
Señaló adeudos pendientes por pagar a varios proveedores que suman varios millones.
Texto: Bernardino Paz Celis
Foto: Cortesía
