El presidente pone cada vez más distancia con respecto al caso de García Luna y vuelve a cerrar filas con el Ejército
Desde la detención el jueves del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, cada intervención del presidente marca un poco más de distancia con el otro golpe reciente de EE.UU. a un alto funcionario mexicano, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
Ambos están acusados de haber trabajado a sueldo para el crimen organizado, invitando al narcotráfico a corroer por dentro las instituciones mexicanas. Sin embargo, mientras la caída del hombre fuerte de Felipe Calderón era para Andrés Manuel López Obrador un indicio grave de que “no había un Gobierno independiente, sino un narcoestado”, ahora consideró que “no es lo mismo el secretario Cienfuegos que una institución”. Si ya van al menos 18 funcionarios despedidos en la actual Secretaría de Seguridad, López Obrador ha descartado una “limpia” al interior de las Fuerzas Armadas. Si antes había que respetar las investigaciones de EE.UU., ahora toca exigir que se investigue a la DEA y que comparta información para abrir una investigación judicial en México.
Para López Obrador, los dos casos son diferentes fundamentalmente porque la detención de Cienfuegos, más allá de erosionar más todavía el sexenio y la figura de Enrique Peña Nieto, significa un torpedo en la línea de flotación del Ejército mexicano, convertido en lo que va de su mandato en uno de sus pilares fundamentales, ampliando como nunca su poder y su influencia.
—Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema —anunció. Desde el día siguiente a la detención de Cienfuegos, el presidente se ha afanado en defender a su secretario de Defensa, quien pese a no estar entre las recomendaciones de Cienfuegos a López Obrador para sucederlo en la Sedena, trabajó bajo las órdenes del general hoy detenido y llegó a ser ascendido y condecorado.
La protección del presidente llega ahora al extremo de retirar a Sandoval de los focos para que sea exclusivamente él quien responda sobre el escándalo: “como comandante supremo voy yo a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”.
Espoleando uno de sus mantras favoritos, la soberanía nacional, el presidente se comprometió además a iniciar una investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República, algo que no ha sucedido todavía en relación con el caso de García Luna, que avanza únicamente en los tribunales de Nueva York, los mismos que enjuiciaron a el Chapo Guzmán. En esta ocasión, sin embargo, parece que si entrará en juego la justicia mexicana.
Texto y foto: Agencia
