El gobernador Carlos Miguel Aysa gasta un monto superior al 14% del total del presupuesto estatal para 2020 en mitigar efectos económicos de la emergencia sanitaria.
Hasta ahora, la administración de Carlos Miguel Aysa González anunció que está gastando o gastará más de tres mil 88 millones de pesos en mitigar los efectos económicos del COVID-19.
Esta cifra representa el 14 por ciento de los 21 mil 982 millones de pesos aprobados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal del 2020, aprobado por el Congreso del Estado.
Estos recursos “reasignados” serían mayores si se incluyeran los potenciales desvíos millonarios de recursos que significan la “donación” de despensas e insumos médicos de las dependencias, entidades y empresas paraestatales al DIF estatal para ser distribuidos a los afectados por la pandemia.
Ya lo advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el año pasado, “si un gobierno estatal modifica su gasto global en más del 15 por ciento, esta variación significa una mala planeación de las secretarías de Finanzas y una nula supervisión del Congreso local”.
“Del dicho al hecho, los presupuestos son de juguete. Una cosa es lo que los estados originalmente presupuestan y otra lo que posteriormente gastan”, indicó y alertó que “esta práctica permite gastar sin transparentar, sin rendir cuentas a los ciudadanos y sin tener que justificar las prioridades del gasto”.
Mientras todo esto sucede, el Congreso de Campeche, liderado por el priista Ramón Méndez Lanz, cumplió ayer un mes más de estar totalmente paralizado, por tercera vez, salvo por las reuniones virtuales de preparación del segundo informe legislativo y las conferencias virtuales sobre “fake news”.
La Cámara de Diputados local ha dejado, en más de 100 días de emergencia sanitaria, un vacío “en el uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia”, como advirtieron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil.
Integradas en el mecanismo “Susana Vigilancia”, las agrupaciones civiles recordaron que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. “Los Congresos estatales tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos”.
Afirmaron que para atender la emergencia sanitaria, el gobierno estatal ha requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales para la adquisición de bienes.
“Los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, puntualizaron.
Texto y foto: Agencias
