No se deben imponer visiones unilaterales en las decisiones del gasto público, señala especialista.
La iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por el Ejecutivo federal se debe discutir a fondo, con una visión técnica, tomando en cuenta a especialistas y de forma abierta a la población. No se deben imponer visiones unilaterales en las decisiones de gasto público, es requisito básico en cualquier sociedad democrática, manifestó Heriberto Villegas Reyes, maestro de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
“Centralizar las decisiones de gasto en la Secretaría de Hacienda impondría una visión personal, que no privilegie el consenso con otras fuerzas políticas y sociales. La ley es muy clara en dar al Poder Legislativo la facultad de normar el presupuesto de egresos y ser corresponsable de las adecuaciones presupuestales en caso de una reducción de la recaudación; lo deseable sería crear estrategias institucionales para que los acuerdos políticos y legislativos fluyeran con la prontitud y pertenencia que la emergencia sanitaria exige”, destacó.
Sin embargo, comentó que actualmente la legislación está pensada para un contexto de normalidad social e institucional, por lo que se podrían discutir y replantear estrategias que puedan flexibilizar la prontitud de respuesta de la administración pública ante las exigencias de la población en el marco de la pandemia.
“La contingencia sanitaria y las repercusiones sociales y económicas no tienen precedentes en la historia reciente de México; la caída de los precios del petróleo y una menor recaudación por la contracción de la actividad económica obligan a replantear el marco legal vigente”, subrayó.
Dijo que sería interesante examinar si las facultades que darían a la SHCP serían acotadas a la emergencia sanitaria o se normalizarían de forma permanente; examinar qué porcentaje del presupuesto podría modificar unilateralmente el Gobierno Federal y de qué partidas presupuestales tocarían, ya que hay mucho en juego.
“Si bien la iniciativa de ley pasaría por el proceso legislativo formal y ante los posibles recursos de inconstitucionalidad que se promoverán, tendrán que ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá que esperar”, expresó.
Consideró que esta iniciativa no busca eliminar a conveniencia la división de poderes, lo que se percibe es una tendencia a la centralización del poder en el Ejecutivo Federal; el reparto del presupuesto puede ser usado como medida de presión política, beneficiando y/o excluyendo a grupos, o sectores de la sociedad que puedan o no ser afines al gobierno en turno.
“Aprobar dicha ley conllevaría a un debilitamiento de los contrapesos. La división de poderes busca principalmente que las decisiones no recaigan en una sola persona o una sola autoridad, por eso siempre es deseable la participación de muchos actores, para considerar la pluralidad de pensamientos, necesidades, intereses etc”, finalizó.
Cabe señalar que hace unos días senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional(PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) hicieron un llamado al titular del Ejecutivo federal a sumarse a un Acuerdo Nacional, con el fin de fortalecer las capacidades del estado mexicano, y hacer frente a la contingencia sanitaria y económica que enfrenta hoy en día el país.
Los legisladores federales señalaron que la autoridad federal ha demostrado total rechazo a la construcción de acuerdos, dando muestras claras de un desdén por el diálogo y la convivencia democrática.
Las cuatro bancadas se manifestaron en contra de las medidas que adoptará el Ejecutivo para enfrentar la contingencia, entre las que destacan un decreto que violenta los derechos laborales de las y los trabajadores, obligándolos a reducir sus ingresos y renunciando a las prestaciones que por ley les corresponde.
También se contempla la clausura de dependencias, cierre de oficinas, y la reubicación de funcionarios, una estrategia que pudiera originar una parálisis de todo el Gobierno Federal.
También se prevé la reasignación de más de 600 mil millones de pesos para el cumplimiento de actividades y programas, que no son esenciales para enfrentar la recesión económica y la disminución de los ingresos tributarios.
A este decreto se suma la presentación de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que, afirman, atenta contra la división de los poderes y el orden constitucional del Estado mexicano.
Texto: Georgina Bacelis
Foto: Cortesía
