EL CANDIDATO a senador Jorge Carlos Ramírez Marín se unió ayer a las voces que advierten de los peligros que genera la pesca clandestina en las costas yucatecas (página 10), sobre todo las que están desde Dzilam de Bravo hacia el oriente hasta los límites con Quintana Roo. La “fiebre del pepino” trae aparejadas graves consecuencias, por lo que el Senado, recordó JCRM, decretó hace unas semanas que el tráfico de esa especie se considera ahora equiparable al crimen organizado. También avaló las voces que denuncian que “empresarios avorazados” traen gente de otros estados a violar las vedas de Yucatán, a malear el ambiente social de los municipios pesqueros yucatecos. En esta columna hemos advertido sobre el deterioro moral que padecen los puertos yucatecos donde se practica la pesca ilegal de especies como pepino, caracol, langosta, pulpo y mero. Esa gente viene a depredar esos recursos, y aunque muchos habitantes de los puertos protestan contra tal práctica, otros se unen a quienes violan las leyes pesqueras. Y así empieza a generarse una especie de ley de la selva, o del mar, que urge detener antes que crezca demasiado.
LA DECLARACIÓN del rector de la Uady, José de Jesús Williams, de que esa institución está organizando un foro, no un debate, para los candidatos a la gubernatura (página 4), seguramente desilusiona a quienes quieren ver una confrontación de ideas y propuestas entre esos abanderados de los partidos. ¿Cuál es la diferencia entre un debate y un foro? El debate implica discusión, enfrentamiento de ideas y defensa de los proyectos propios, todo lo cual permitiría ver la solidez de los conceptos que manejan quienes aspiran a encabezar el Ejecutivo estatal; en tanto que el foro funciona más bien como una pasarela en la que esos aspirantes dicen lo que quieren sin que nadie los ponga a prueba. La Canacome realizó hace unos días un foro para esos candidatos en el que todo lució preparado, desabrido, y había la esperanza de que la Uady, con la fuerza moral que le dan su historia, nivel intelectual y autonomía, sí ofrecería un debate a los ciudadanos, pero esa expectativa se derrumbó. Si no es la Cámara de Comercio ni la Uady, ¿quién que no sea autoridad electoral puede obligar a los candidatos a debatir? ¿Qué opina usted de este asunto?
Por Gínder Peraza
