Los Poderes Judicial y Legislativo, y los partidos políticos fueron los tres grupos de sujetos obligados con mejor índice de cumplimiento a la Ley de Transparencia en relación a la publicidad de su información en determinadas obligaciones, informó Aldrin Briceño Conrado, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán (Inaip), al dar a conocer los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2019.
Contrario a ello, nueve sujetos obligados fueron calificados con un “horrible cero” en la materia, entre ellos el Sindicato del Isstey, el Fideicomiso para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc.
“También los Ayuntamientos de Cacalchén, Tahdziú, Tekit y Hoctún”, reportó Conrado Briceño, en entrevista con Peninsular Punto Medio.
El comisionado explicó que para la revisión de los índices de transparencia se tomó una muestra de 59 sujetos obligados del Estado de Yucatán.
Conrado Briceño dijo que tras el Poder Judicial (98.80), Legislativo (98.12) y los partidos políticos (86.78), siguieron los organismos autónomos (86.37), Poder Ejecutivo (83.28), Sujetos Obligados Indirectos (66.57), Organismos Públicos Municipales (52.31), Sindicatos (37.38) y Ayuntamientos (30.22).
Es decir, los sindicatos y Ayuntamientos son los más opacos en la revisión, todo ellos de manera general.
Por otro lado, en el índice de cumplimiento por sujeto obligado, siete de ellos aparecen con 100 de calificación, entre ellos la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Además, el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (CIC), Cultur, Protego F/0198, el Fideicomiso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior del Estado de Yucatán (Manutención Yucatán) y Protego F/0007.
De acuerdo con el comisionado presidente del Inaip, los sujetos que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia tienen un periodo que marca la propia ley para cumplirlo, pero en caso que no lo hagan podrán hacerse acreedores desde amonestaciones hasta multas económicas.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
