Por Carmen Garay
X-Can es una comunidad con más de la mitad de población mayahablante del municipio de Chemax. De los 106 municipios de nuestro estado, he visitado una decena y apenas conozco la mitad de las 47 comisarías de Mérida, pero X-Can, con poco más de 5 mil habitantes, tristemente ya se conoce en varios países -debería estar en boca de todos acá en Yucatán- porque en 2016 un niño de ahí, de nombre J.A. (según las siglas de su nombre para salvaguardar su identidad) fue detenido por policías municipales como presunto responsable del daño a una patrulla. Las declaraciones de J. A. y todos los detalles de su detención hacen suponer que sus Derechos Humanos fueron vulnerados.
La gravedad de este suceso se magnifica porque se trata de lo ocurrido a un niño, un niño que es maya y que además presenta un grado de discapacidad auditiva, en otras palabras, la quintaesencia de vulnerabilidad social. Por ese hecho, de inmediato debió corroborarse, atenderse y, sobre todo, resarcir el daño ocasionado. Pero el Estado fue omiso ante su denuncia, así como fueron indolentes los policías ante las lágrimas del menor y su madre, como lo fuimos los medios de comunicación al no darle seguimiento constante, ni la resonancia suficiente.
Para no variar, una Asociación Civil hizo suyo el clamor de la familia y hasta a Amnistía Internacional llegó la denuncia, así se visibilizó lo ocurrido. No recuerdo al ombudsman yucateco declarar sobre el particular, ni a los gobiernos municipal y estatal de entonces, referirse a investigación y esclarecimiento. Ahora, los nuevos gobiernos en su orden de competencia respectivo, deberán responder a las demandas de la familia afectada, con la madre del menor respaldando a su hijo, tal como ocurre casi en la totalidad de las familias yucatecas cuando un menor es víctima de un atropello.
Se espera que por fin se harán las investigaciones necesarias para la impartición de justicia y atención a víctimas, las autoridades tienen esa obligación, mientras nosotros, el grueso de la población sólo exclamamos ¡pobrecito niño! Sin embargo, precisamente ahora, diciembre de 2018, podemos hacer mucho más: dar seguimiento al proceso para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey). Son siete candidatos que esta semana comparecieron ante los diputados estatales para mostrar sus competencias y aptitudes para encabezar la defensa de los Derechos Humanos en Yucatán. Los legisladores de la Comisión correspondiente cuentan con siete días para tomar la mejor decisión, tomando en cuenta experiencia y preparación de los candidatos. Me alegra saber que contienden dos mujeres, sin actividad partidaria activa, pero sí con mucha trayectoria en este tema fundamental para consolidar una sociedad democrática.
