Han pasado 11 años desde que se estableció la Reforma Constitucional para la implementación de los Juicios Orales en México, el proceso ha sido lento, tortuoso y la justicia sigue sin dar los resultados que la población demanda.
Un informe realizado por la entidad México Evalúa, en su reporte Hallazgos 2018, coloca a Yucatán como el estado 7 en la lista de más alta impunidad, con un 99% de casos sin resolver.
La medición establece que, la media nacional en casos de impunidad ha fijado en un 96.1% de casos resultados; sin embargo, nuestro estado supera con mucho este rango, estableciendo el grado de inmadurez en el sistema judicial actual, que dista aún mucho de consolidarse.
El orden en forma descendente se establece de la siguiente manera: Tamaulipas: 99.99%; Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur, con porcentajes de entre 99.8 y 99.4%, seguido de nuestro estado y 10 estados más donde no se alcanza la media nacional.
En su caso, la medición se estableció sobre 27 estados del país, de éstos, únicamente 10 reducen sustantivamente sus índices de impunidad, tres específicamente los más bajos, Guanajuato, con 87.6%, casi 9 puntos debajo de la media nacional; Querétaro, con 90 puntos y Puebla con 90.1%. En esta lista de 10 estados se incluye a Campeche, Baja California Norte, Oaxaca; la capital del país, Chihuahua, Zacatecas e Hidalgo.
La evaluación también establece que Yucatán se encuentra entre los estados con menor respuesta a las solicitudes de acceso a la Información Pública en materia de información judicial. La evaluación que engloba investigaciones realizadas en 2018, contempla que, nuestro estado está ranqueado entre los más rezagados en los informes solicitados al INAIP para el caso en materia judicial, con poco más de un 40% de las solicitudes .
El informe Hallazgos 2018, establece también una notable condición en el ejercicio de presupuesto para el Poder Judicial de Yucatán, ubicándolo en el lugar 21 de 27 estados con presupuesto establecido en 221 millones de pesos, en tanto que otras entidades destinan un mayor recurso a la modernización y desarrollo operativo de sus actividades judiciales.
En este rubro, el estado con mayor presupuesto es el Estado de México, destina más del doble del presupuesto de Yucatán en la implementación de juzgados, equipamiento e infraestructura para el Poder Judicial.
En esta valoración se mide también el presupuesto que se eroga en los rubros internos, de esta forma, el en Yucatán el mayor volumen de recursos se destina al Sistema de Justicia Penal, con mínimos a la profesionalización del Modelo de Policía de Seguridad Procesal, a las Unidades de Medidas Cautelares, a los organismos especializados y asesorías jurídica a víctimas.
Otro dato importante que enmarca este documento es que, en Yucatán se sigue favoreciendo a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y se deja a un lado a los Poder Judicial y Defensoría Pública, que son factores coadyuvantes en los mecanismos de la impartición de justicia, complementarios en todo caso a las resoluciones, mecanismos, competencias y mediciones del desarrollo de la seguridad, según establece el informe.
En este mismo tenor, se establece un rezago importante en infraestructura operativa para la generación de denuncias judiciales. En este rubro, Yucatán se encuentra entre los cuatro últimos, lugar 29 de 32 estados, con el menor número de Agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, con únicamente 1.4, en tanto que, el promedio nacional es de 2.8 por cada 100 mil habitantes.
En esta medición se cuantifica también el rezago en aspectos de capital humano, ya que si bien, nuestro estado super ligeramente la media nacional en agentes de la Policía Ministerial o Investigadores, tiene un notable rezago en Fiscales y Agentes del Ministerio Público, Peritos y personal responsable de Atención y/o Protección de Víctimas, según aportan los datos de esta medición.
Finalmente, se establece que, aun y cuando la sociedad yucateca es la que demuestra la mayor confianza del país en su Sistema de Justicia, muy por encima de la media nacional, en cifras concretas Yucatán tiene un rezago importante el número de impartidores de justicia y cero en defensoría pública, una cifra notablemente dura, ya que la media nacional de este rubro es de 2.0 por cada 100 mil habitantes y Yucatán aparece con cero.
